Cuando el actuar de un funcionario, (que por norma, para ser designado debe ser honorable), se caracteriza por corrupción, tráfico de influencias, desvío de recursos, peculado, etc., entonces el designado no es honorable ni digno del cargo.
Sorprende el escándalo de corrupción en el INE, que ha sido el tema de todos los medios de comunicación por lo escandaloso. Haciendo historia, fue en 2014, que el IFE trasciende a ser el Instituto Nacional Electoral (INE), ampliando sus facultades en todo el país. Con toda certeza, las decisiones de su Consejo General se habían ganado la confianza de cumplimiento legal para organizar cada proceso electoral.
Pero Morena y aliados cambiaron la Constitución para darle el cargo a la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y que ella nombrara funcionarios y tomara decisiones sin consultar al Consejo General, como organismo colegiado, lo cual ha creado una crisis sin precedentes. Por eso, seis consejeros de once, anticiparon la crisis y promovieron una controversia constitucional contra las reformas que le daban poder a la presidencia por encima de los acuerdos colegiados; la Suprema Corte, la del acordeón, la desechó y ahora se sufren las consecuencias.
Nombramientos unilaterales, perfiles con características políticas y no técnicas, la falta del cumplimiento de la paridad y los vínculos personales por parte de Taddei con proveedores, han puesto al INE en la peor de las turbulencias.
Es inaceptable la cercanía evidente de Taddei con uno de los proveedores del INE. La sospecha de que se ha beneficiado precisamente por sus nexos con Taddei debe confirmarse o descartarse con la investigación que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha emprendido por presunto uso indebido de recursos públicos.
Desde el 23 de octubre pasado la ASF investiga las contrataciones, posibles conflictos de interés, colusiones y triangulación de recursos. Esta averiguación se extiende hacia los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE). La ASF ha informado que cuenta con elementos suficientes para iniciar la indagatoria de oficio.
Es preocupante lo que acontece en este Organismo Constitucional Autónomo, porque el proceso electoral federal ya está formalmente en marcha y culminará con la votación del 6 de junio del año entrante. Y esta crisis necesariamente obliga a una investigación a fondo y hasta sus últimas consecuencias.
El INE debe ser rescatado como organismo colegiado porque es el indiscutible organizador de un proceso electoral que, además, vigila que los votos se cuenten con certidumbre y seguridad jurídica; no actuar para corregir, sería retomar un sinuoso camino hacia la dictadura.
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