El Congreso federal, es decir las Cámaras de diputados y de Senadores, que no solo cuentan con mayoría calificada a favor de morena, sino que, están ilegalmente sobrerrepresentadas, aprueban todo lo que el Ejecutivo les ordena, sin siquiera analizar, aun cuando las reforman dañen a los mexicanos.
En la primera quincena de octubre de 2026, se aprobó un paquete de tres reformas sustanciales enviadas por el Ejecutivo que generan debate y preocupación ciudadana. Se trata de la reforma a la Ley del Derecho de Autor ("Ley Antimemes"), la nueva Ley de Economía Digital y la Ley General para el Fortalecimiento Catastral.
La "Ley Antimemes" (Reformas sobre Derechos de Autor e Identidad Gráfica). Endurece el control de contenidos digitales y limita el uso de imágenes, voces o marcas protegidas, incluyendo las de Inteligencia Artificial. Si bien, los memes y la sátira política no quedaron prohibidos, pero penaliza usar logos gubernamentales y se sanciona, cuando decidan que es fraude o engaño a la población. La reforma representa un "efecto inhibitorio" o censura indirecta, ya que las plataformas limitarán memes o críticas, antes de arriesgarse a pagar multas millonarias. La presidenta es objeto de tanta burla por su actuar, que quiere penalizarlo, violando los artículos 6° y 7° de la Constitución, que consagran la libertad de expresión.
La Ley de Economía Digital (Uso de Dinero Digital).- Se expidió para Pagos Digitales y Electrónicos a fin de incentivar de forma paulatina las transacciones sin efectivo mediante tarjetas, transferencias, códigos QR y tecnología NFC, utilizando además la CURP digital como mecanismo de autenticación bancaria. La ley faculta a la Secretaría de Hacienda (SHCP) para designar ciertos sectores estratégicos obligados a cobrar exclusivamente de forma digital de manera gradual (las primeras pruebas se contemplan en casetas de peaje y gasolineras). Ante contingencias o caídas del sistema, los establecimientos deberán seguir aceptando efectivo o cheques. El problema: no funciona en localidades rurales ni en la informalidad.
Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral.- Esta ley unifica y moderniza los sistemas, tecnología y criterios de los catastros y registros públicos de la propiedad en los tres niveles de gobierno, integrando todo en una Plataforma Nacional Catastral. Si bien, no crea un impuesto nuevo ni incrementa el porcentaje del predial de manera directa, obliga a los municipios a actualizar de forma digital el valor catastral para acercarlo al valor comercial de las viviendas, por lo que se verá un aumento en los recibos de predial en zonas donde los registros estaban desactualizados. Y sí, atenta contra el Art. 115° constitucional: autonomía municipal.
Con la aprobación de estas leyes, más la de la CURP biométrica, el gobierno de la 4T pretende tener el control total de los ciudadanos: dónde vives, qué publicas, qué compras, dónde viajas, cuánto gastas y cuántas propiedades tienes. ¿Dictadura?
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