El ORFIS es el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, un organismo público autónomo que se encarga de revisar que los recursos públicos estatales y municipales se apliquen conforme a la ley. Su función principal es la revisión de cuentas públicas. Audita el manejo financiero, técnico y de desempeño de los 212 ayuntamientos, dependencias del gobierno estatal y otros entes públicos.
El ORFIS no es una instancia sancionadora. Combate Irregularidades, detecta desvíos de fondos, pagos sin justificar u obras públicas fantasmas, y emite observaciones para sancionar o deslindar responsabilidades. Funciona como el brazo técnico del Congreso del Estado de Veracruz en las labores de fiscalización.
El pasado 25 de septiembre se dio el cambio en la titularidad de dicho Órgano a través de una votación en el pleno del Congreso, previa selección de terna de candidatos. Con 41 votos a favor y seis en contra, los diputados locales designaron a Eric Domínguez Vázquez (exalcalde de Papantla y exsubsecretario de Sefiplan) como el nuevo auditor general. El periodo del cargo es de siete años, abarcando del 26 de septiembre de 2026 hasta el 25 de septiembre de 2033.
Esta jugada, muy al estilo de la 4T, ha desatado reacciones en contra, polémica y generado fuertes críticas de sectores de oposición y analistas políticos que consideran que la institución va "de mal en peor" debido a la pérdida de autonomía.
Los diversos motivos de la controversia y del descontento público incluyen una falta de independencia política: Legisladores de oposición han señalado la extrema cercanía de Eric Domínguez con Rocío Nahle, lo que a su parecer debilita la imparcialidad del Órgano para auditar las cuentas públicas del estado de manera neutral. Además, se señala que el órgano podría ser utilizado como una herramienta de presión política. Además, ponen alguien a modo que les cubra sus corruptelas.
A Domínguez Vázquez se le critica que, durante su gestión como presidente municipal de Papantla, arrastró observaciones fiscales no solventadas por millones de pesos ante el propio ORFIS y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), lo que debilita su autoridad moral para fiscalizar a otros ayuntamientos.
Su postulación también estuvo envuelta en reclamos públicos sobre temas de violencia de género y nepotismo, al tener familiares en la estructura legislativa local.
Esta designación ocurre justo en la entrega de las Cuentas Públicas de 2025, donde el ORFIS reportó un presunto daño patrimonial superior a los 2 mil 749 millones de pesos, mayoritariamente concentrado en administraciones municipales, elevando aún más la presión social sobre el desempeño que tendrá la nueva gestión.
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