La administración estatal de Veracruz, encabezada por Rocío Nahle García, busca sumarse a la tendencia nacional de restricción de dispositivos móviles en el entorno escolar. Sin embargo, la propuesta —que pretende aplicar un veto parejo tanto a estudiantes como a docentes hasta el nivel secundaria— abre un debate entre la necesidad de frenar la distracción en las aulas y la falta de una estrategia integral de alfabetización digital en las escuelas públicas.
Bajo el argumento de combatir la ansiedad, los problemas de atención y el sedentarismo en niñas, niños y adolescentes, la medida busca formalizarse, tras las iniciativas presentadas previamente en el Congreso local por los legisladores Reveriano Marín Hernández y Fernando Yunes Márquez, alineándose además con la directriz planteada a nivel federal por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
No obstante, el planteamiento exhibe matices que cuestionan su viabilidad operativa. La inclusión del personal docente en la prohibición total, proyecta una visión punitiva antes que formativa, equiparando la labor pedagógica y la gestión académica con la distracción recreativa de los alumnos. Aunque la mandataria matizó la postura al señalar que en el nivel bachillerato —particularmente en la modalidad de telebachillerato— se fomentará el uso de herramientas como tabletas electrónicas, la delimitación entre el "uso didáctico" y el "uso recreativo" permanece en un terreno ambiguo.
La instrucción a las autoridades educativas para "revisar en dónde sí y en dónde no", evidencia que la política pública aún carece de un diagnóstico técnico riguroso. Más allá del consenso médico sobre los riesgos de la exposición prolongada a las pantallas, la iniciativa enfrenta el reto de no convertirse en una prohibición cosmética que ignore la brecha digital de la entidad y la imperiosa necesidad de educar para un consumo tecnológico responsable dentro y fuera del aula.
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