El fallo de la Máxima Tribuna surge a raíz de la resolución de un amparo interpuesto para proteger la salud e integridad física y emocional de una madre y su hija con condición de autismo e hiperacusia, quienes resultaban severamente afectadas por las constantes detonaciones de cohetes en el municipio de Teocelo, Veracruz.
Por unanimidad, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó el proyecto presentado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, el cual sienta un precedente clave sobre la ponderación entre el derecho a la salud de grupos vulnerables y las tradiciones populares.
La resolución determina que los gobiernos municipales ya no podrán otorgar permisos de pirotecnia de manera indiscriminada. A partir de este criterio, los ayuntamientos deberán:
- Evaluar riesgos a la salud: Con base en las normas vigentes, las autoridades locales tendrán que analizar el impacto y los riesgos que las detonaciones representan para la salud de niñas, niños y adolescentes con autismo, hiperacusia u otras condiciones de sensibilidad auditiva antes de autorizar su uso en fiestas tradicionales.
- Negar permisos: En caso de que se determine que los riesgos para la salud de esta población no pueden prevenirse o mitigarse adecuadamente, el municipio estará obligado a negar las autorizaciones para el uso de artificios pirotécnicos.
Con esta determinación, la SCJN reconoce que, si bien la preservación de las tradiciones y festividades comunitarias es importante, esta no puede estar por encima de los derechos humanos fundamentales, como el derecho a la salud y a un entorno seguro para las personas en situación de vulnerabilidad.
Este fallo marca un hito en la jurisprudencia mexicana hacia una regulación más estricta y consciente del uso de fuegos artificiales en los municipios del país.
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