La iniciativa de Ley de Economía Digital en México —impulsada por el ejecutivo federal, como parte del Paquete Económico 2027 para reducir el uso de efectivo y facultar a la Secretaría de Hacienda a determinar sectores, o en qué lugares, los pagos electrónicos sean obligatorios— plantea diversos riesgos sociales y económicos.
La Ley de Economía Digital propuesta por la presidenta Sheinbaum, busca reducir el abundante uso de efectivo, en un país con una informalidad muy elevada y múltiples investigaciones penales por malversación y lavado de dinero y activos
Un ejemplo: Un café pagado con el celular, una transferencia interbancaria y una compra hecha con tarjeta, tienen algo en común: dejan una huella imborrable.
El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum quiere multiplicar esa trazabilidad a través de su nueva Ley de Economía Digital, ya aprobada en la Cámara de Diputados, en un intento por reducir el vasto uso de efectivo en un país donde la mitad de los trabajadores opera en la informalidad y ocho de cada diez transacciones de bajo valor ocurren con dinero físico, en efectivo.
Entre los principales riesgos e implicaciones, está la Pérdida de privacidad y vigilancia fiscal: Al eliminar el anonimato del efectivo y centralizar los registros a través de mecanismos como la CURP y expedientes digitales, se configura un modelo de mayor control sobre el gasto de los ciudadanos.
Exclusión de poblaciones vulnerables: Sectores como adultos mayores, personas de bajos ingresos o habitantes de zonas rurales con baja conectividad enfrentan barreras severas para acceder a la tecnología y herramientas financieras
Afectación a micro y pequeñas empresas (MIPYMES): La obligación de integrar terminales de punto de venta (TPV), pagar comisiones bancarias y tramitar la constancia de situación fiscal aumenta costos de operación y reduce márgenes de ganancia, en un país donde el 86% de los negocios aún prefiere el efectivo.
Vulnerabilidad en ciberseguridad: El uso masivo y obligado de plataformas digitales por usuarios sin capacitación previa, incrementa los riesgos de fraudes, estafas, suplantación de identidad y robo de datos
Falta de infraestructura tecnológica: Expertos y organismos señalan que el país aún carece de una red de internet uniforme y confiable en todas las regiones y carreteras para sostener transacciones 100% electrónicas sin interrupciones.
Para los analistas financieros, esta ley no aplica en México, debido a que la brecha económica y las barreras tecnológicas para algunos sectores, sobre todo el rural y el comercio informal, son técnicamente, imposibles de controlar o regular.
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