La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) contará este 2024 con 5,000 millones de pesos para realizar los trabajos de reconstrucción y conservación de carreteras federales y caminos alimentadores en 2,381 km en tramos afectados por el paso de maquinaria y materiales necesarios para la construcción del Tren Maya en el sureste y en la carretera Ciudad Altamirano-Tejupilco, que enfrenta “graves” problemas de inseguridad, de acuerdo con información oficial.
Dichos recursos, por el momento, son independientes respecto de los 11,000 millones de pesos que se reservó este mes la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a pesar de que estaban etiquetados en el presupuesto 2024 para el programa Reconstrucción y Conservación de carreteras de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y con licitaciones en proceso.
La nueva tarea del Ejército en obra pública fue advertida desde diciembre del 2023 por el presidente de México. Lo anterior, bajo el argumento que las obras saldrán más baratas, se ejecutarían en menor tiempo y se evitaría la corrupción.
Al respecto, me permito hacer los siguientes comentarios:
Aunque la participación del ejército en la rehabilitación de carreteras en México puede tener varios beneficios, también puede plantear algunas desventajas. Algunas de estas desventajas podrían incluir:
⦁ El ejército está diseñado para cumplir con funciones específicas relacionadas con la defensa nacional y la seguridad interna. Desviar recursos y personal hacia tareas civiles, como la rehabilitación de carreteras, podría afectar la capacidad del ejército para cumplir eficientemente con sus funciones principales.
⦁ Aunque el ejército puede tener ingenieros y personal capacitado, es posible que no posea la experiencia especializada en construcción civil que podrían tener empresas y organismos dedicados a ese ámbito.
⦁ La participación del ejército podría interferir con el sector privado y la competencia justa en el ámbito de la construcción de carreteras. Empresas especializadas podrían sentirse perjudicadas si el ejército realiza proyectos similares, lo que podría afectar la economía y la inversión en el sector.
⦁ La participación del ejército en proyectos de construcción civil puede ser percibida como un acto político, especialmente si se da preferencia a ciertas regiones o proyectos en detrimento de otros.
⦁ Aunque el ejército puede tener la intención de contribuir positivamente, podría enfrentar limitaciones en términos de capacidad y recursos. La realización de proyectos a gran escala puede requerir una inversión significativa de tiempo, personal y equipos, por lo que será necesario la adquisición de maquinaria o subcontratación de empresas especializadas, lo que encarece la obra.
⦁ La rehabilitación de carreteras requiere un mantenimiento continuo a lo largo del tiempo. La participación temporal del ejército podría no ser sostenible a largo plazo, lo que podría resultar en la falta de mantenimiento adecuado después de la finalización del proyecto inicial.
⦁ El gobierno federal debe confiar en las demás Secretarías de Estado, caso específico en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
Sobre el mantenimiento de carreteras en el resto del país el gobierno federal no hizo mención alguna que pudiera dar certidumbre a constructoras privadas, principalmente pymes, que piden se hagan esas tareas para no afectar la competitividad del país y no eliminar fuentes de empleo.
Agradezco, como siempre a este Semanario ESPRESSO y al “Centro Universitario Anaxágoras”. Quedo a sus órdenes y pongo a su disposición: correo: franzservin@gmail.com; Facebook: @Franz Lester Servín para cualquier comentario o sugerencia.
Atentamente
M.I. Franz Lester Servín López
Presidente de la Asociación Coatepecana de Ingenieros Civiles, ACIC, A.C.
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