Anteriormente, en esta columna expusimos las ideas de Emile Durkheim y Michel Foucault sobre el carácter normativo y represivo del sistema escolar, que en síntesis difieren radicalmente de las del discurso oficial que idealiza a la escuela como un “motor de movilidad social ascendente”, la cual eventualmente creará una sociedad mejor. Para Durkheim la escuela es un instrumento de re-producción social, que busca preservar el estado actual (o status quo) de la sociedad; mientras que para Foucault es un instrumento de represión que busca modificar las conductas de los individuos y crear una realidad social “deseable” para el sistema político vigente.
Al hablar de que el sistema educativo “crea una realidad social” se debe entender que esta “realidad creada” es ante todo un constructo ideológico, ya que los individuos así adoctrinados por la escuela podrían incluso vivir en circunstancias paupérrimas y sostener que el partido político o sistema gobernante en turno es bueno, atribuyendo todos sus males socioeconómicos a fuerzas malignas y ajenas al Estado; tal es el caso de la precaria situación actual de Cuba donde muchos ciudadanos defienden aún a la “revolución” como un suceso histórico triunfal y atribuyen a fuerzas y presiones extranjeras todas las carencias que padece el país.
Como hemos visto hasta aquí la represión –vista como un elemento de control social- no necesariamente puede ser algo tan violento como el uso de la fuerza pública o el ejército para contener las manifestaciones populares de inconformidad, cosa que en un pasado ha sucedido en otros países como la extinta Unión Soviética, la China de tiempos de Mao Zedong, o la actual Corea del Norte.
No obstante, la represión se puede manifestar asimismo de maneras claras -aunque no tan violentas- y la censura es precisamente una de ellas, pues atenta contra un derecho fundamental: el de expresar lo que se piensa y a la vez estar informado de lo que se ha expresado. Dicho de otro modo el “proteger los derechos de las audiencias” limitando lo que se puede publicar de acuerdo al parecer de una “comisión” establecida por el gobierno federal es un sinsentido, ya que precisamente el derecho más fundamental de “las audiencias” es el de enterarse de lo que sea que deseen conocer, bien sea “información” u “opinión”, distinción bastante ambigua que la modificación a la Ley General de Telecomunicaciones pretende establecer como un rasero de lo que se pueda difundir o no.
Obviamente debe existir una ética de las comunicaciones, pues a ningún medio o comunicador serios se les ocurriría difundir contenidos haciendo apología del delito en sus diversas formas o apoyando la disolución social, pero esto es totalmente distinto a tratar de controlar el acceso de la audiencia a información seria y a comentarios con los cuales puede ella misma decidir si coincidir o no.
Por el momento haremos una pausa para seguir en la siguiente edición con este tema, deseo a todos un buen fin de semana.
Valente Salazar Díaz
Colaborador
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