El Movimiento Antorchista en Veracruz anunció una nueva movilización masiva programada para el próximo 22 de septiembre en la ciudad de Xalapa, con el propósito de solicitar una audiencia directa con la gobernadora Rocío Nahle García.
La dirigencia estatal de la organización argumenta que, a pesar de haber gestionado reuniones previas con el secretario y el subsecretario de Gobierno, ambos funcionarios manifestaron no contar con las facultades necesarias para dar solución a un pliego que abarca cerca de 90 peticiones prioritarias para diversas comunidades de la entidad.
Entre las demandas principales que motivan la manifestación destacan proyectos de infraestructura vial y servicios básicos. Las comunidades solicitan la reparación de la carretera Álamo-Temapache a Tantoyuca, la adecuación de caminos saca cosechas en Ahuica, Chicontepec, y la rehabilitación de carreteras en San Rafael. En el ámbito de la salud y saneamiento, exigen la conclusión de los Centros de Salud con Servicios Ampliados (CESSA) en Filomeno Mata y Soteapan, la instalación de redes de agua potable y drenaje en zonas de Córdoba, Huatusco, Xalapa y Emiliano Zapata, así como la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales para beneficiar a ocho colonias de la Reserva Territorial Tronconal en la capital del estado.
A la lista de peticiones urbanas se suma la pavimentación del acceso Dos Lomas hacia las colonias Clara Córdova y Unidad Antorchista en el puerto de Veracruz. Juventino Navarrete Xilita, dirigente estatal del movimiento, señaló que todos estos requerimientos se han tramitado formalmente mediante oficios dirigidos a distintas dependencias estatales sin obtener una respuesta favorable hasta el momento.
Finalmente, la representación antorchista acusó al gobierno estatal de responder con posturas represivas en lugar de abrir canales de diálogo. Navarrete Xilita denunció la existencia de presuntas amenazas de desalojo contra las familias residentes de la colonia Margarita Morán, sección segunda, en Xalapa, asegurando que esta intimidación se ha intensificado tras las protestas realizadas durante los meses de mayo y junio.
Ante dicho panorama, la marcha hacia el Palacio de Gobierno buscará destrabar los compromisos de obra pública y poner fin a los hostigamientos denunciados por la organización.
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