El pasado martes 18 de abril, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), resolvió que trasladar el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional (GN), a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), es inconstitucional. Con 8 votos contra tres, de Arturo Zaldívar, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, el máximo tribunal constitucional del país, aprobó la invalidez.
Jorge Pardo, ministro que votó a favor de esta resolución, declaró que la Guardia Nacional es una institución que “debe ser civil, disciplinada y profesional, y debe estar adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública”. Por su parte, Norma Piña, presidenta de la Corte, dijo que hay que diferenciar: las funciones de seguridad pública son de competencia exclusiva de las autoridades civiles, mientras que a las Fuerzas Armadas les corresponde la tarea de defender la seguridad nacional, frente a amenazas internas o externas.
Una de las estipulaciones que fueron objeto de análisis, era la facultad que tendría el secretario de Defensa Nacional para proponer al presidente de la República, en turno, al titular de la Guardia Nacional. Los ministros que votaron en contra, consideraron que esta iniciativa vulnera el artículo 21 de la Constitución, que dicta que el carácter de la institución debe ser, en todo momento, civil.
Esta propuesta fue impulsada por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. En su conferencia de prensa, del miércoles 19 de abril, dijo que no se va a rendir. Contempla enviar al Congreso una nueva iniciativa de reforma en 2024, para consumar su plan de readscripción de la Guardia Nacional a la Sedena.
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