En una resolución que marca un precedente dentro del sistema jurídico mexicano, un Juez de Distrito declaró la inconstitucionalidad de la reforma judicial aprobada en 2024 y otorgó un amparo contra sus efectos, según dio a conocer la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED).
La orden emanó del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, a cargo del juez Agustín Archundia Ortiz, dentro del juicio de amparo 491/2025. La JUFED calificó la resolución como "histórica" y subrayó que la sólida preparación técnica de la judicatura es la única vía para garantizar los derechos fundamentales de la ciudadanía.
El análisis del impartidor de justicia determinó la invalidez del mecanismo de insaculación o "tómbola" utilizado para la renovación de cargos en el Poder Judicial. Asimismo, determinó la nulidad absoluta de la sesión en la Cámara de Diputados del 3 de septiembre de 2024 —donde se aprobó dicha reforma— debido a la falta de certidumbre normativa respecto al quórum legal. Se señaló explícitamente que la Mesa Directiva en San Lázaro omitió realizar la verificación necesaria del número real de legisladores presentes.
Paralelamente, la organización de juzgadores informó sobre la existencia de un segundo expediente (el juicio de amparo indirecto 1462/2024-II) que refuerza los mismos criterios. De acuerdo con dicho fallo, el Poder Legislativo excedió sus facultades al vulnerar el artículo 135 de la Constitución, alterando un diseño que el Constituyente Originario de 1917 reservó a la carrera judicial y no a esquemas de elección popular o criterios políticos.
La sentencia advierte además que la destitución generalizada de personas juzgadoras y trabajadoras del sector, practicada sin la fundamentación ni motivación individual de cada caso, vulnera los artículos 14, 16 y 17 constitucionales al configurar una denegación de justicia flagrante.
A un año de la implementación de la reforma, la JUFED sostuvo que el fallo evidencia la brecha entre la judicatura profesional independiente y la improvisación institucional. En su pronunciamiento, el colectivo contrapuso el rigor técnico de los juzgadores de carrera frente al actuar de la actual cúpula de la Suprema Corte, acusando en esta última una falta de debate procesal e incapacidad técnica para interpretar la Carta Magna de forma autónoma.
Cabe precisar que ambas resoluciones corresponden a una primera instancia procesal y sus efectos benefician de forma exclusiva a las partes quejosas, subsistiendo la posibilidad de que las autoridades interpongan recursos de revisión.
Pese a los trámites subsecuentes, la JUFED reconoció la "valentía técnica" del juez Archundia Ortiz —quien ostenta más de dos décadas en la carrera judicial— y reafirmó que el mérito académico y los exámenes de oposición constituyen el único mecanismo capaz de garantizar la certeza jurídica y evitar la degradación del sistema de justicia en México.
Comentarios