A un año del fatal accidente que cobró la vida del médico dentista Luis Almanza Dauzón, en el bulevar Xalapa-Coatepec, que se accidentó por caer en un bache en reparación no señalizado; la indolencia institucional y la opacidad oficial se mantienen como las únicas constantes.
Lo que debió ser una obligación vial para garantizar la seguridad de los automovilistas y peatones, se transformó en un monumento a la negligencia gubernamental, marcado por la simulación contractual, el abandono de los trabajos y una complicidad que raya en la impunidad.
Desde el primer día, la intervención careció de los elementos mínimos de legalidad y transparencia que exige la ley de obra pública. Nunca existió un aviso formal ni un inicio oficial de los trabajos de rehabilitación en esta rúa de alta densidad vehicular.
La ausencia de la clásica lona informativa no fue un simple descuido administrativo, sino el reflejo de una opacidad sistemática; la ciudadanía se quedó sin conocer el número de obra, el contrato asignado, el fondo de procedencia de los recursos, los alcances técnicos, el padrón de beneficiarios, los plazos de ejecución ni la razón social de la empresa responsable.
Tampoco se colocaron señalamientos preventivos ni alertas de peligro, convirtiendo el tramo en una auténtica trampa mortal que culminó en la tragedia de Almanza Dauzón sin que ninguna instancia asumiera responsabilidad preventiva.
La normativa en materia de contratación pública establece candados claros a través de tres fianzas obligatorias expedidas a favor de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado: la de anticipo, la de cumplimiento y la de vicios ocultos —esta última diseñada para responder ante fallas estructurales hasta un año después de concluida la obra—. Sin embargo, en este caso el mecanismo colapsó desde su inicio. La empresa contratista no solo incumplió con los plazos y la calidad técnica requerida, sino que abandonó los trabajos de manera unilateral, dejando el bulevar en condiciones peores que al inicio de la supuesta intervención.
Ante este escenario, los procedimientos legales obligan a la dependencia contratante a exigir la reparación de los daños o, en su defecto, a hacer válidas las fianzas ante la afianzadora correspondiente. No obstante, la inacción de las autoridades sugiere una estrategia deliberada de protección o una presunta colusión de intereses.
A un año de luto para la familia del doctor Almanza y de peligro constante para los miles de usuarios que transitan diariamente por la zona, la pregunta persiste sin respuesta es: ¿Qué esperan las autoridades para fincar responsabilidades y aplicar la ley a los omisos?
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