La propuesta de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, de impulsar la creación de un censo o padrón de periodistas a través de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), encendió las alarmas en el gremio informativo. Más allá de presentarse bajo el discurso de "fortalecer la profesión" y "retomar la ética", la iniciativa ha sido recibida por comunicadores y analistas como un mecanismo sutil de control editorial y una injerencia peligrosa en el ejercicio de la libertad de expresión.
El planteamiento formulado por la mandataria estatal busca institucionalizar el registro de quienes ejercen la labor periodística en una de las entidades más vulnerables y violentas para la prensa en el país. Aunque Nahle ha insistido en que no se trata de una medida de censura, sino de un esfuerzo para distinguir la labor periodística de la desinformación o la propaganda, el trasfondo operativo de la medida levanta severos cuestionamientos técnicos, legales y políticos.
Integrantes del gremio periodístico en la entidad han señalado que la creación de un registro centralizado implica al menos tres focos rojos:
¿Quién define qué es ser periodista?
El establecimiento de un padrón requiere definir criterios de inclusión y exclusión. Al otorgar a un organismo institucional la potestad de validar o certificar quién es un "periodista formal", se corre el riesgo de crear una brecha de discriminación que relegue a reporteros independientes, medios comunitarios y voces críticas que no se ciñan a los parámetros oficiales.
Vulnerabilidad de datos personales en un estado de alto riesgo
Exigir a las y los periodistas el registro de datos de contacto o información personal en plataformas estatales representa un riesgo de seguridad en un contexto donde el filtrado o mal uso de dichos padrones puede comprometer la integridad física de los comunicadores y sus familias.
Duplicidad e ineficiencia burocrática
Distintas oficinas de comunicación social de las dependencias estatales, ayuntamientos y organismos autónomos ya cuentan con directorios institucionales para la cobertura diaria. La insistencia en conformar un padrón integral plantea interrogantes sobre la verdadera utilidad pública del proyecto más allá de la fiscalización del gremio.
Durante sus intervenciones públicas, la gobernadora apeló a la "ética profesional" para justificar el registro. Sin embargo, constitucionalmente el periodismo no requiere de cédula profesional, licencia o registro gubernamental para su ejercicio, ya que está protegido por los artículos 6.º y 7.º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Organizaciones civiles e integrantes de la prensa independiente han advertido que el escrutinio de la ética periodística le corresponde a las audiencias y a los propios códigos de autorregulación de los medios, no a las autoridades gubernamentales. Condicionar el reconocimiento de la labor informativa a la adscripción en un censo estatal sienta un precedente preocupante de tutela gubernamental sobre un contrapeso democrático fundamental.
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