Un juez federal ha otorgado la primera suspensión provisional contra el traslado de recursos de afores inactivas al nuevo Fondo de Pensiones para el Bienestar (FPB). La medida fue concedida por Martín Santos, Juez en Materia Administrativa, el pasado 22 de mayo. A pesar de que el Gobierno federal impugnó su fallo, este fue confirmado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa.
El juez argumentó que la decisión de la 4T de utilizar el dinero de las cuentas inactivas de afores para su nuevo fondo de pensiones podría afectar desproporcionadamente varios derechos fundamentales, incluyendo el derecho de propiedad y el debido proceso previstos en el artículo 14 de la Constitución.
La solicitud de amparo fue presentada por Miriam Kaiser Wachsmann, galerista y promotora cultural nacida en 1936, quien trabajó para el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y tiene una cuenta en el PensionIssste.
La reforma legal del pasado 30 de abril ordena el traslado de los recursos no reclamados en cuentas de afores de mayores de 70 años que ya no trabajan (si cotizaron en el régimen del IMSS) o de 75 años (si fueron burócratas del régimen del ISSSTE) al FPB en un plazo de 60 días naturales a partir de que el fondo sea constituido en el Banco de México.
El juez Santos consideró que, si bien la medida busca reforzar las pensiones de quienes se jubilan bajo el sistema de cuentas individuales, podría no ser necesaria y no superar el test de proporcionalidad correspondiente.
El Gobierno, en su impugnación ante el tribunal colegiado, argumentó que la reforma legal no causa agravios por su sola entrada en vigor, pero los magistrados indicaron que ese no es el tema de análisis para la suspensión.
Aunque diputados de oposición han presentado una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia para impugnar esta reforma desde el 28 de mayo, aún no se ha notificado la admisión a trámite. El Gobierno espera obtener unos 40 mil millones de pesos de las cuentas inactivas, aunque el resto de las fuentes de financiamiento del FPB plantean dudas sobre su solidez.
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