La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, suma un nuevo frente crítico en su gestión. A los constantes cuestionamientos por problemas políticos, disputas patrimoniales y la crisis de seguridad en la entidad, se añaden ahora señalamientos de instituciones financieras de Estados Unidos, las cuales han comenzado a cerrar o solicitar el retiro de cuentas bancarias vinculadas directamente a la mandataria.
De acuerdo con reportes revelados por el periodista Mario Maldonado, director general de EL CEO, el cerco financiero no se limita a cuentas domiciliadas en territorio estadounidense. Además, surge la versión sobre la posible cancelación de su visado, pero Nahle ha optado por desestimar el impacto de las investigaciones.
Las acciones adoptadas por la banca privada responden a revisiones exhaustivas bajo los marcos internacionales de prevención del lavado de dinero. Esto obliga a las entidades financieras a aplicar controles reforzados de debida diligencia sobre Personas Expuestas Políticamente (PEP), evaluando a familiares, socios corporativos, el origen de los fondos y el riesgo de exposición a actos de corrupción.
La fiscalización sobre Nahle se intensifica debido al historial acumulado durante su gestión al frente de la Secretaría de Energía (Sener). Su desempeño estuvo marcado por la construcción de la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, un proyecto cuya inversión inicial estimada en 8,000 millones de dólares escaló hasta superar los 20,000 millones.
Investigaciones periodísticas y auditorías asociadas a la megaobra destaparon una amplia red de contratistas y empresas beneficiadas, sobre las cuales pesan señalamientos por presunto tráfico de influencias, corrupción y posibles nexos con redes de comercio ilegal de hidrocarburos.
A este expediente se añaden las denuncias presentadas durante la campaña electoral de 2024 por presunto enriquecimiento ilícito, relacionadas con múltiples propiedades atribuidas a la gobernadora, a su esposo, José Luis Peña, y a su familia. Nahle ha sostenido que las acusaciones carecen de sustento y que la totalidad de sus bienes consta en sus declaraciones patrimoniales oficiales.
La coyuntura que atraviesa la titular del Ejecutivo veracruzano coincide con una serie de acciones restrictivas implementadas por Washington contra figuras del partido Morena, todos señalados de corrupción y enriquecimiento ilícito.
Comentarios