La Reforma Eléctrica presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador fue rechazada por el Congreso de México el pasado fin de semana tras meses de críticas por parte de expertos ambientalistas y empresarios, a la iniciativa que buscaba aumentar el control estatal de la generación de energía en el país.
El plan del presidente era una de sus mayores apuestas y su rechazo supone una importante derrota legislativa en los tres años y medio que lleva en el Gobierno, ya que promovía la reforma constitucional en materia eléctrica como “vital” para sus planes de “transformar” México, argumentando que el proyecto de ley habría protegido a los consumidores y habría hecho al país más independiente energéticamente.
Pero el domingo después de un acalorado debate en la Cámara de Diputados del Congreso que duró más de 12 horas, los partidos de oposición unieron fuerzas para echar para atrás el proyecto de ley que, según dijeron, dañaría la inversión y violaría las obligaciones internacionales.
La propuesta de reforma de López Obrador buscaba que las plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) vendieran la electricidad antes que las compañías eléctricas extranjeras, es decir, tenía la intención de limitar la participación privada en el sector, cancelando contratos de inversión.
Sin embargo, quiénes se oponían a la reforma aseguraban que la iniciativa promovía la producción de energía cara y sucia y, además, alejaría las inversiones y no fomentaría la competitividad. Ya que la CFE tiene el control de todo, es decir, distribuye y transmite la energía. De lo que se trata es que se compre energía barata que sea de fuentes ecológicas que es lo que se necesita con la agenda 2030-2050 a la que este país se comprometió.
Además que se propiciaría un monopolio público, genera incertidumbre a la inversión al cancelar contratos vigentes y sectorizar a los órganos reguladores, lastima las finanzas públicas con subsidios, limita los recursos para la modernización tecnológica al suprimir la inversión privada y atenta contra la preservación del medio ambiente al inhibir el uso de fuentes renovables en la generación de energías limpias. Fue el argumento para rechazarla.
Desde un inicio, el polémico proyecto de ley enfrentó muchas críticas de grupos empresariales y de Estados Unidos, el principal socio comercial de México, así como de otros aliados que argumentaron que, de aprobarse, violaría el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, tratado comercial regional conocido como T-MEC.
Por todo eso se determinó la aprobación de la legislación hasta mediados de abril de 2022, el mismo mes que se celebraría el referéndum revocatorio sobre el mandato de López Obrador. Los resultados de la polémica consulta de Revocación de Mandato, realizada el 10 de abril, es bien conocido y luego el siguiente domingo, la cámara de diputados no aprobó la reforma, por lo que fue desechada.
Posteriormente, el lunes con 275 votos a favor, 24 en contra y 187 abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados de México, aprobó con modificaciones, el proyecto de decreto que establece que el litio es patrimonio de la nación y que su exploración, explotación y aprovechamiento quedan exclusivamente a cargo del Estado mexicano. Con ello, se prohíben las concesiones, licencias, contratos, permisos, asignaciones o autorizaciones en la materia a particulares nacionales o extranjeros.
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