(In memoriam)
Por Joaquín Alcántara Ceballos
Con la ley en la mano
En años pasados, un ciudadano solicitó a la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec (CMAS), la factibilidad de agua para un predio. El entonces director se la negó, alegando que el usuario se ostentaba como propietario sin ser tal. Luego de presentar las escrituras correspondientes, le volvió a negar la factibilidad porque a la escritura le faltaba el sello del Registro Público de la Propiedad. Entonces, el usuario aludió, asesorado por su abogado, al criterio señalado en los más altos tribunales, el Registro 189395 Tribunales Colegiados de Circuito.
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. EL CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN NO ES TÍTULO QUE DEMUESTRE LA PROPIEDAD DE UN BIEN INMUEBLE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ)
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 2934 del Código Civil para el Estado de Veracruz, el Registro Público de la Propiedad es la institución encargada de proporcionar los servicios de publicidad a los actos jurídicos que legalmente precisan de ese requisito, para surtir efectos contra terceros. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 2935, del mismo Código, la escritura pública es el documento idóneo con que se justifica el derecho de propiedad.
Resulta que el director era pariente político del usuario y, entonces, le negaba la factibilidad por tener interés en el predio en cuestión. Después de negarle varias veces la disposición, el usuario presentó una queja ante Contraloría interna, resultando que el pendenciero director, según el artículo 46, fracciones XIII y XXIIl, de la ley 36 de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Veracruz, debió excusarse y permitir que otro resolviera de manera imparcial la solicitud de factibilidad de agua.
Entonces, fue el turno del subdirector Administrativo, quién también resolvió de manera negativa. Ante todo ello, el abogado del usuario descubrió que, tanto el director como el subdirector administrativo, se ostentaban como Ingeniero Civil y Contador Público, respectivamente, y ninguno tenía cédula profesional. Sus nombres no aparecían en el Registro Nacional de Profesionistas. El ambicioso director ostentaba una calidad profesional que carecía, resultando un usurpador de la profesión.
Al enterarse de todo lo anterior y percatarse de las mentiras del supuesto ingeniero, el alcalde en turno le exigió la factibilidad de agua para el usuario. Al usurpador, la Contraloría le impuso como sanción una Amonestación Privada y el pago de daños y perjuicios ocasionados. Mientras que el usuario presentó la correspondiente escritura pública, que es el documento idóneo que ampara la propiedad y obtuvo la respuesta favorable a su solicitud.
Ese mismo personaje, sin escrúpulos, es quién junto con su esposa y otros parientes, con un documento ilegal, pretenden adueñarse de propiedades que a la buena no pudieron obtener.
Ante todo ello, es menester conocer los resquicios de las leyes para defenderse de servidores públicos que, por incompetencia o ambición, frenan los trámites de ciudadanos que buscan el progreso y desarrollo para su entorno.
Con gratitud a la Vida y
con la Ley en la mano, decimos orgullosos:
¡Viva Méeexico!
¡Ajuuuuaaaa!
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