El pasado miércoles 26 de abril, con 257 votos a favor, 208 en contra y sólo 2 abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados, aprobó el dictamen que contiene la iniciativa del presidente, Andrés Manuel López Obrador, para desaparecer el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).
Diputados de Morena y aliados, fueron criticados por su oposición ya que, dicen, no cumplieron con los acuerdos de hacer consultas, foros y análisis de expertos, para tomar una decisión. La nueva iniciativa expide la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, cuya determinación es eliminar CONACYT, y sustituirle por el nuevo Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (Conahcti).
El cambio está argumentado en acusaciones al CONACYT por corrupción en sus fideicomisos, transferencias millonarias a empresas privadas y por acreditar programas de instituciones de educación superior privadas que no estaban vinculadas con la investigación científica o en humanidades.
Entre las modificaciones más evidentes, está la inclusión de las Humanidades como uno de los ejes de este nuevo Consejo. Autoridades detallaron que se busca consolidar y reivindicar el carácter humanístico de la política científica y tecnológica del país, así como el derecho humano a la ciencia.
Sin embargo, lo que se señala de este cambio, es el tema presupuestal, ya que se eliminó el objetivo de otorgar el 1% del PIB, comprometiendo la entrega de recursos y becas. Además, se eliminaría cualquier fideicomiso dentro del Consejo.
El Conahcti estaría conformado por una Junta de Gobierno, en donde tendrán lugar autoridades de las secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural, Bienestar, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Cultura, Economía, Educación Pública, Energía, Hacienda y Crédito Público, Defensa Nacional; Medio Ambiente y Recursos Naturales, Relaciones Exteriores, Marina, y de Salud; así como por seis miembros del sector social, privado y de la academia. Llama mucho la atención que ahora se contemplará a las Fuerzas Armadas dentro de la Junta.
La iniciativa ya fue turnada al Senado para su discusión, posible aprobación y, en caso de esta, para ser publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Sin embargo, ha generado gran descontento en la comunidad científica.
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