En 181 de los 212 municipios de Veracruz se detectaron irregularidades en el manejo de los recursos públicos del ejercicio fiscal del 2025, las cuales generaron un daño patrimonial, que alcanzó los 2 mil 703 millones de pesos; reportó el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis) al Congreso de Veracruz.
Al presentar, ante el Congreso del Estado, los resultados de las auditorías de la Cuenta Pública del 2025 -el último año de ejercicio de los alcaldes y alcaldesas que culminaron su periodo el 31 de diciembre de 2025-, el organismo señaló que el daño patrimonial detectado alcanzó los 2 mil 703 millones de pesos.
Se trata de municipios gobernados por todos los partidos políticos, cuyos alcaldes aún tendrán tiempo para solventar las irregularidades detectadas. Sin embargo, si luego de ese procedimiento no llegan a aclarar las anomalías, entonces serán denunciados penalmente.
Al mismo tiempo, el ORFIS reportó que derivado de las auditorías Financieras, Presupuestales y Técnicas a la Obra Pública, se encontraron irregularidades graves en 14 Entidades Paramunicipales.
En el caso de Coatepec, el Ayuntamiento presenta un presunto daño patrimonial por $280,169.45, sujeto, desde luego, a la solventación respectiva. Otros municipios del distrito, presentaron los siguientes resultados:
Coatepec: 280,169.45
Xico: 21,984,847.94
Teocelo: 3,972,040.73
Cosautlán de Carvajal: 7,951,953.24
Ixhuacán de los Reyes: 2,011,718.05
Ayahualulco: 24,175,593.36
Además, en dicho reporte del ORFIS aparece Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) de Coatepec, como una de las paramunicipales, que presenta daño patrimonial. Este tema ya lo había denunciado judicialmente el diputado federal. Sin embargo, el reporte del ORFIS registra un presunto daño patrimonial por solo $2,138,776.00, contrario a lo que el diputado federal había señalado que rondaba en más de 20 millones de pesos.
Finalmente, en el caso del Ejecutivo, fueron 17 dependencias las observadas por el manejo de los recursos públicos.
El reporte final de ORFIS presentado al Congreso, ha generado polémica. En algunos casos por las altas cantidades reportadas como “daño patrimonial” y en otros, porque el presunto desvío de recursos aparece como mínimo.
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