Hasta en las mejores familias
En mayo de 2016 el diario digital OK, de España, publicó una nota sobre un presunto escándalo de corrupción en el que estaban involucrados el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y el político español Pablo Iglesias. Según la nota, el jefe de estado había pagado 272,325 dólares al líder del partido político Podemos durante marzo de 2014, a través de un banco situado en el paraíso fiscal de Islas Granadinas. El pago, de acuerdo a la nota, se había dado apenas dos meses después de que Podemos fuera registrado como un partido político y comenzara una carrera electoral en la que se lograron cerca de 70 escaños en el Congreso.
Tanto la documentación presentada para acreditar el escándalo como los datos publicados por el diario digital fueron retomados por otros espacios, sin embargo, la información resultó ser falsa. No solo eso. A la sociedad española le quedó claro que el aparato en el poder español entre 2011 y 2018 actuó, por lo menos durante 6 años, contra sus adversarios políticos con un "modus operandi" muy particular: Integrando pruebas incriminatorias falsas e informes sin firma y sello. Se ha destapado una cloaca que deja ver la participación del poder político en pleno contra sus opositores, utilizando incluso el megáfono que cedieron determinados medios de información cuando, antes de convertir dichas pruebas en denuncias ante los tribunales, éstas, simple y sencillamente se filtraban.
Hay por supuesto, información incontestable, que está cargada de contraste y de hechos irrefutables y para llegar a ella primero hay que investigar, cotejar y quedarse con aquello que es inapelable. Desde su salida a la luz, Podemos fue un partido incómodo, en España es noticia cuando es "presunto" y no cuando es "exonerado" pero llegados a este punto solo queda imaginar hasta dónde podría haber llegado si no le hubieran puesto tantos obstáculos por el suelo.
Guardando todas y cada una de las proporciones del caso, merece la pena recordar que esta historia, la del poder político echando mano de sus recursos para vigilar lo que pasa en el terreno opositor, la vivimos en el marco del llamado "Pacto por México" impulsado por el entonces presidente Enrique Peña Nieto para sacar adelante las "reformas estructurales" en materia energética, educativa, hacendaria y de telecomunicaciones. Los nombres de protagonistas directos o indirectos de dicho acuerdo fueron seleccionados como objetivos con fines de espionaje. Panistas, perredistas e incluso algunos personajes del priísmo nacional, como su actual dirigente, Alejandro Moreno Cárdenas estuvieron bajo ciber vigilancia y de acuerdo con una investigación de Pegasus Project, además la entonces Procuraduría General de la República (PGR), del otrora Centro de Investigación en Seguridad Nacional (Cisen) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) hubo un cuarto agente dedicado al espionaje de opositores políticos.
En las elecciones de junio de 2016, el PRI perdió 7 de las 12 gubernaturas que estaban en disputa ¿qué pasó después? Los panistas se convirtieron en objetivos de Pegasus. Es entendible que la irrupción de un nuevo actor pueda tambalear la pista en la que otros habían bailado confortablemente durante décadas y que, por tanto, quienes hoy concentran un discurso uniforme prefieran acallar cualquier voz discordante porque el pluralismo informativo que pregonan en realidad no existe.
La oferta comunicativa está en manos de tres grupos mediáticos, lo que trae consigo una caída en el interés por la noticia, una baja en los niveles de confianza y un alza considerable en el número de personas que creen que la información que recibe está sesgada. Todos, incluidos los representantes de los medios de información tenemos una tendencia a equivocarnos, pero esto que ha pasado en España está lejos de ser un romántico desliz. Es una lección que México debe aprender para revisar a conciencia si hay o no una manipulación del sistema democrático, quién podría estar detrás y si existe en lo sucesivo alguna alteración de las reglas del juego con el aval de la hidra mediática.
Conclusión.-
De la guerra sucia en España quedan dos víctimas: Podemos y los independentistas catalanes, sobre los que también cargó la maquinaria. El gobierno espió con fondos públicos a sus adversarios, fabricó pruebas e impulsó querellas sabiendo que sus denuncias estaban llenas de falsedad, pero además intentó desestimar las pruebas de su propia corrupción ¿Dónde vimos algo parecido? No cabe duda, todo pasa hasta en las mejores familias.
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