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Cavilaciones del Dr. Caturra

12 jul 2024
3 min de lectura

¿Cómo está la justicia en México?

 

¿Qué me dice usted de los postres con café? Espero que le gusten, hemos visto pastel de café, nieve de café, bombones de café, dulces de café; de seguro ya probó el Tiramisú, una especie de almíbar de café, y hasta licor de café encontramos como aperitivo. Luego, ¿qué va primero, el postre o el café? Obviamente, primero debe llegar el postre, después el café. Recuerde acostumbrarse a beberlo sin azúcar.

 

Esto de la reforma me ha estado haciendo ruido desde que se armó el debate en el Poder Judicial, la última vez que se reformó fue en el año 1994 de la mano del PRI y el PAN. Recuerde que soy apartidista y defensor de los poderes autónomos, sin embargo, queda usted invitado a realizar la presente cavilación. Comencemos con lo que dijo la Ministra Lenia Batres Guadarrama (de extracción morenista), el pasado 27 de junio del presente año, en la Cámara de Diputados, en el arranque de los Diálogos Nacionales sobre la Reforma al Poder Judicial:

 

“Para nuestra población la justicia en México es cara, elitista, desgastante, humillante, lenta, innaccesible, inentendible, abusiva, misógina, racista, corrupta, parcial. En una palabra, es injusta”

 

Existe un dolorosísimo dato que viene a retratar, amargamente, la realidad de la impartición de justicia de nuestro país, léalo conmigo por favor:

 

“El 91% de los delitos cometidos dentro del territorio nacional, queda impune, México es a nivel mundial el país con mayor índice de impunidad”

 

Don Arturo Piñeiro Monreal, investigador del tema de la seguridad y justicia, funcionario público y abogado, en el año 2019 analizó, en el Índice de Competitividad Internacional, en el capítulo nombrado “Acceso desigual a la justicia: un freno para la economía y el bienestar”, que en ese año se cometieron 33 millones de delitos, sí, lo está leyendo bien; nos comenta, además, que la injusticia le ha costado a la nación (Estado y Población) 5.16 billones de pesos anuales.

 

Aquí tiene usted otro dato duro: “9 de cada 10 delitos, no se denuncia, en más del 50% de los casos que sí se denunciaron, no pasa nada”. ¿Y a qué se debe que no pase nada? Para comenzar, errores en los procesos, requisitos imposibles para cumplir los complejos protocolos, desidia, apatía, indolencia por parte de los empleados encargados de la procuración de justicia, corrupción de secretarios, fiscales, jueces y/o magistrados.

 

Es innegable que la justicia en México está al alcance de muy pocos, el resto son víctimas de la discriminación, se les ponen trabas por su condición socioeconómica, color de piel, género, discapacidad y un malvado grupo de etcéteras.

 

¿Quién es el responsable de impartir justicia imparcial, real y expedita?

 

Es el Poder Judicial, uno de los tres poderes del Estado mexicano. Su papel fundamental es vigilar e interpretar las leyes e intervenir cuando una ley, un acto u omisión, vulnere los derechos humanos de las personas.

 

Con los números que hemos visto, podemos, de inmediato, reaccionar y afirmar que el Poder Judicial no está realizando su trabajo debidamente.

 

¿Es necesaria una reforma judicial?

 

Sí, me parece que es urgente y necesaria. Necesitamos revertir esos desfavorables datos en contra de nosotros, los pobladores de este bello país. Sin embargo, no sé si se deba hacer como lo propone el partido en el poder, hay que realizar todo un diagnóstico profundo de lo que hace ser al Poder Judicial injusto en vez de justo.



 

Elegir por votación a los procuradores de justicia, ministros y jueces, no creo que sea suficiente, pues estos funcionarios no deben, creo yo, andar ofreciéndose como hacen los políticos, que venden su carisma en vez de sus conocimientos y habilidades para la administración pública.

 

Quizás un método de selección meritocrático, en donde los mejores juristas del país concursen para tomar las riendas del Poder Judicial, sea mejor. Si se quiere en una elección popular, que sea sin partidos políticos, obviamente sin financiamiento de ninguna fuente, sólo los gastos que representa realizar la elección, siendo el Poder el encargado de sufragar esa erogación.

 


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